Grettel Villalaz de Allen
Abogada

Crear y restaurar vías no es tarea fácil, una de las evaluaciones más importantes en el desarrollo de proyectos de infraestructura vial en países como el nuestro, además del alcance y beneficio, es la discusión económica de los proyectos de inversión.

Es obvio que para realizar o financiar una vía se necesita de una cantidad estimada de dinero, en donde el gobierno se ve en la obligación de hacer un análisis económico de financiamiento, rentabilidad, desarrollo económico y social y las concesiones viales. De estos análisis básicos, se establece si se puede pagar con fondos públicos, fondos de bancos internacionales, la aplicación de peajes o se deben crear impuestos que ayuden a pagar tales proyectos.

Hoy, la imposición de una tasa de valorización por la creación de una vía como la Cinta Costera, no debe ni puede ser aplicada unilateralmente sin la participación ciudadana de los afectados; sin embargo, en esta semana se ha empezado a notificar formalmente a los residentes aledaños al área de construcción de la aplicación de una tasa de valorización, que pagará el costo de construcción de esta vía, por el termino de 10 años.

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Se calcula por los pocos datos suministrados por el Ministerio de Obras Publicas, que si usted tiene una propiedad de aproximadamente 70 metros cuadrados, es posible que deba pagar unos B/.8,321.60 anuales, lo que significa que es posible que aporte en el pago de esta vía un aproximado de más de B/.80,000.00 al final del cobro de la tasa, lo que equivale a la compra de una nueva vivienda.

Las metodologías actuales para promover la construcción de proyectos viales, que impliquen gravar de manera directa a la ciudadanía, no se practican aplicando únicamente la tasa o impuesto a las personas que residen o son dueñas de inmuebles en el área directa de impacto de la obra, pues se ha visto que en la mayoría de las ocasiones se afectan personas de bajos recursos, que no son beneficiadas amplia y directamente con la obra.

En el caso de la Cinta Costera, nos encontramos con todos los extremos de economías de propietarios de inmuebles, por lo que se recomienda aplicar tasas de valorización basándose en el beneficio de los que utilizan la obra, que no son necesariamente solo los que residen en el área, sino todos los que la transitan con su vehículo, caminan, se estacionan o realizan cualquier otra actividad relacionada con el uso de la infraestructura y cuyo cálculo estamos seguros que ha debido hacerse.

Es importante que quienes van a ser gravados por una tasa como esta, (y toda la ciudadanía panameña) deban conocer la inversión neta, el flujo de fondos durante la operación, la depreciación, la influencia de la aplicación de la tasa, la vida útil del proyecto, el mantenimiento, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, el periodo de recuperación de la inversión. ¿Transparencia? es obvio que no existe, porque ningún ciudadano común de este país conoce de esas evaluaciones.

Todos sabemos que este gobierno no ha realizado un análisis de sensibilidad o de escenarios, que permita que el ciudadano participe y promueva otras formas de financiamiento de la obra. Las reuniones con algunas asociaciones de la sociedad civil y de participación ciudadana no han incluido la información necesaria para los afectados por un nuevo tributo, evitándose el dolor de cabeza de oír a cientos de personas y de que se formulen otras formas de financiamiento, el pago de impuestos o parte de la tasa de manera voluntaria, lo que implicaría la exoneración de ciertos intereses o costos, así como formas de pago menos lesivas al bolsillo del contribuyente.

En materia de participación ciudadana, el proyecto de Cinta Costera es ilegal, por no haberse logrado comunicar a la población de las medidas tributarias adoptadas para financiar el proyecto, así como el costo – efectividad, el costo – beneficio y su rentabilidad. La falta de equidad conociendo que gran parte de las propiedades del área de impacto son de propiedad estatal, o que existen dos concesiones millonarias de disfrute directo de los efectos de la obra, impiden considerar que la aplicación de la tasa de valorización en este proyecto es justa y adecuada.

Panamá es consistente en financiar sus obras de infraestructura con instituciones que obligan la participación ciudadana de los contribuyentes y afectados, y que llegan en un momento dado a parar un financiamiento si la información y comunicación de todas las partes no existe; sin embargo, en la generación de proyectos como la Cinta Costera, donde se aplica directamente un tributo a los nacionales, para que una empresa extranjera construya, no se respeta la transparencia con la difusión de la información económica de la obra, lo que le hace ilegal en este siglo XXI.